El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que la Administración de Donald Trump detuviera temporalmente los pagos completos del programa federal de cupones de alimentos, SNAP, del que dependen 42 millones de personas para poder comer. La decisión llegó en plena crisis por el cierre gubernamental, después de que una corte de apelaciones rechazara suspender la orden de un juez de Rhode Island que obligaba al Gobierno a pagar íntegramente las prestaciones de noviembre. Ante la urgencia, la Casa Blanca acudió directamente al Supremo, que ha concedido una pausa mientras el tribunal de apelaciones revisa el caso con más calma.
La jueza Ketanji Brown Jackson aclaró que esta medida no es un fallo definitivo, sino un margen de tiempo para evaluar los argumentos del Gobierno, que insiste en que no puede —o no quiere— financiar el programa en su totalidad hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto. SNAP, que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos, necesita unos 8.000 millones de dólares al mes; la Administración solo ha recurrido a un fondo de contingencia con 5.000 millones para cubrir parte de noviembre. Ese uso parcial provocó la intervención del juez John McConnell, quien ordenó al Gobierno recurrir a otras reservas federales para garantizar los pagos completos.
El propio Departamento de Agricultura dispone de más fondos, pero la Casa Blanca ha rechazado utilizarlos argumentando que deben destinarse a otros programas contra el hambre infantil. La decisión contrasta con el hecho de que esas mismas reservas ya se emplearon recientemente para evitar que otro programa alimentario, WIC, quedara paralizado por el cierre. Para el juez McConnell, la postura del Gobierno revela un uso político del programa de nutrición, hasta el punto de advertir que millones de beneficiarios corrían el riesgo de quedarse sin apoyo este mes.
Aunque algunos estados llegaron a emitir el pago completo de noviembre antes de la decisión del Supremo, la orden de Jackson podría frenar el proceso en otros, aumentando la incertidumbre entre quienes dependen de SNAP. Todo ello sucede en un clima ya tenso: el cierre del Gobierno, el más largo en la historia del país, ha afectado incluso al transporte aéreo, obligando a reducir operaciones en los principales aeropuertos y provocando centenares de vuelos cancelados. Mientras, en el Congreso, demócratas y republicanos siguen sin lograr un acuerdo para reabrir la Administración, tras fracasar una propuesta que intentaba intercambiar concesiones presupuestarias a corto plazo. El pulso político continúa, y con él, la situación de millones de familias queda en suspenso.