Los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están promoviendo un nuevo decreto que obligue a que los menús de hospitales y residencias ofrezcan opciones saludables, nutritivas y sostenibles.
Según los responsables, esta regulación atendería un “clamor social”: muchas personas que dependen de estos centros no tienen garantizado un acceso mínimamente digno a alimentos de calidad, y en algunos casos se han denunciado menús poco adecuados o máquinas expendedoras con productos ultraprocesados.
Además, plantean que esta medida no solo mejora la salud de quienes viven en contextos vulnerables, sino que también puede acelerar la recuperación de pacientes hospitalizados, ya que una buena alimentación influye directamente en la recuperación física.
En el aspecto social, también hay un componente de equidad: garantizar menús saludables para personas mayores o enfermas es reconocer que la alimentación es parte de los cuidados esenciales.
Esta iniciativa representa un gran paso hacia la justicia alimentaria. No basta con promover dietas sanas en medios privados: el sistema público debe garantizar que todas las personas reciban la energía y los nutrientes necesarios, especialmente en momentos críticos de salud. Además, si se combina con productos locales o ecológicos, puede impulsar cadenas de suministro más sostenibles.